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CAMBIO CLIMATICO: COP21 Y LOS SECTORES DE LA ISP

El 30 de noviembre de 2015, los Jefes de Estado participarán en París en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para intentar, una vez más, alcanzar un acuerdo vinculante que limite a 2 °C el calentamiento del planeta.

La ISP organizará varias mesas redondas y participará en debates que se celebrarán en París durante esas dos semanas, de 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre. Se debe escuchar el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos. La ISP está colaborando con varias organizaciones afiliadas, con la CSI, la EPSU, Sindicatos por la Democracia Energética y la iniciativa en defensa de los empleos verdes Global Climate Jobs.

El 29 de noviembre, la ISP participará junto a trabajadores y trabajadoras, sindicatos y movimientos sociales en la manifestación multitudinaria convocada en París,y otros países del mundo, para enviar a nuestros dirigentes elegidos este mensaje: ¡Es hora de actuar; exigimos liderazgo audaz y visión de futuro!. Los gobiernos deben escuchar a las personas, no sólo a los grupos de presión corporativos

La humanidad necesita una transformación socioeconómica de calado

El marco político y económico necesario para resolver la crisis del clima requiere que nos centremos, entre otras cosas, en las infraestructuras públicas, en los servicios públicos y en poner los recursos adecuados a disposición de un proceso de Transición Justa para los trabajadores y las comunidades, que propicie la creación de nuevos empleos, proteja el planeta y aborde la injusticia social.  Los gobiernos tienen un papel fundamental que desempeñar en la resolución de la crisis climática, porque las empresas están demostrando que forman parte del problema y son incapaces de ofrecer las soluciones que el mundo necesita, ya el mercado no responde al interés general.

Las soluciones a los problemas climáticos precisan una transformación profunda del paradigma de desarrollo socioeconómico vigente, incluido un cambio industrial. No nos referimos sólo a algunos cambios técnicos en la producción de la energía o en los sistemas de transportes. No se limita a adaptar los motores diesel para que contaminen menos o de la transición desde las energías fósiles a las renovables. Se precisa una redefinición del modelo predominante de producción y consumo. Debemos devolver al Estado y a los servicios públicos su papel de apoyo a nuestras comunidades y propiciar que trabajadores y sindicatos puedan participar plenamente en todas las fases de este proceso.

La ISP apoya las reivindicaciones de la CSI respecto al cambio climático

Nuestro gobiernos deberían firmar en París un acuerdo sobre la reducción de las emisiones de carbono universal, ambicioso, vinculante, aplicable y que trascienda el 2020; que reconozca y diferencie con equidad la capacidad de compromiso de los países ricos y pobres, e incluya la supervisión y revisión efectivas de las medidas encaminadas a frenar el aumento de las temperaturas del planeta por encima de los 2 °C. En esta combinación política serán básicos el sector público y las finanzas públicas, puesto que se precisarán fondos específicos para ayudar a los países en desarrollo y para apoyar las medidas de Transición Justa. Los trabajadores y trabajadoras y los sindicatos insisten en que se establezcan unos mecanismos de Transición Justa, que ofrezcan asistencia a los trabajadores y trabajadoras directamente afectados por la transición a una economía de escasas o nulas emisiones de carbono, a través del reciclaje, empleos nuevos y apoyo salarial. De hecho, los mecanismos de Transición Justa requerirán consultas sistemáticas y la participación de trabajadores y sindicatos, tanto en los lugares de trabajo como en las orientaciones políticas generales.

Escasas expectativas para París: Enfoque nacional de actuación después de la COP21

Aunque podemos estar seguros de que el acuerdo que salga de París será insuficiente, hay varios elementos nuevos que elevan nuestras expectativas. El primer elemento es que los países están enviando sus respectivos compromisos nacionales de reducción de las emisiones en los próximos años. Todos los Estados miembros de la ONU deberán remitir su Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (INDC, sus siglas en inglés) que, una vez contabilizadas, serán integradas en las negociaciones y compromisos de París.

Hasta ahora enviaron sus INDC 120 países, que representan alrededor del 86 % de todas las emisiones de gases con efecto invernadero. Según estas contribuciones previstas, los países continúan muy lejos del objetivo de 2° C. No obstante, lo innovador del proceso INDC permitirá que las negociaciones climáticas rompan el bloqueo en el que están sumidas desde hace años. Es de esperar que, una vez que los países se pongan en serio a implementar sus compromisos, veamos que los cambios son, de hecho, más fáciles y menos caros de lo previsto. Por lo tanto, después de París, el movimiento sindical tendrá mucho trabajo para ayudar a que los sindicatos participen en la planificación y ejecución de los compromisos nacionales y que estos incluyan mecanismos de Transición Justa.

Otra de las novedades reseñables son las intensas negociaciones que están manteniendo China y los Estados Unidos. Estos dos países representan casi el 40 % de todas las emisiones de CO2. China es el principal país emisor y los Estados Unidos es el principal emisor per cápita. En 2014, y de nuevo en septiembre de 2015, ambos países acordaron aplicar nuevas medidas significativas para frenar las emisiones de carbono. Aunque su compromiso también continúa por debajo del objetivo de los 2 °C, su acción conjunta servirá de acicate para que se comprometan muchos otros países.

Independientemente de los resultados de las negociaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París, los trabajadores y trabajadoras del sector público deben participar directamente en la búsqueda e implementación de las soluciones a la crisis climática.

El personal de los gobiernos locales y regionales reviste una importancia crítica, ya más de la mitad de la humanidad vive en ciudades y el ritmo de urbanización no deja de acelerarse. Necesitamos introducir cambios para que nuestras ciudades sean más equitativas, seguras y sustentables ecológicamente. Las afiliadas a la ISP presentes en gobiernos locales y regionales pueden convertirse en instrumentos que ayuden a desarrollar, implementar e impulsar soluciones y políticas innovadoras, respetuosas con el clima y equitativas, que nos permitan responder a los problemas derivados de la urbanización. Las soluciones solo serán sustentables si abordan los problemas de los barrios pobres, donde millones de personas viven atrapadas en condiciones desesperadas. Las ciudades sólo serán sostenibles y resilientes cuando sus residentes cuenten con acceso universal a servicios públicos básicos, como la recogida de basuras y el reciclaje, el agua y el saneamiento, el transporte, la energía, la salud y los servicios sociales o la educación; y cuando el personal de los servicios públicos sea tratado con dignidad y respeto. Uno de los temas fundamentales de los gobiernos locales y regionales es la financiación. Desde hace ya 20 años, la experiencia de la descentralización viene acercando a la población las decisiones sobre los servicios. Sin embargo, este proceso adolece de la descentralización de las competencias tributarias y de garantías de financiamiento. Por ello, la mayoría de los gobiernos de ciudades y pueblos están muy escasos de fondos, algo que se agravará aún más debido a las necesidades de inversión para transformar nuestras comunidades en economías con bajas o cero emisiones de carbono. En la situación actual, la mayoría de los llamados “fondos verdes” parecen orientarse hacia soluciones basadas en los mercados.

Para el sector de servicios sanitarios, el cambio climático está tensando unos sistemas y recursos humanos sanitarios ya limitados, especialmente en los países en desarrollo. El aumento de las temperaturas está propiciando la propagación de más enfermedades. Hay tormentas cada vez más frecuentes e intensas que están provocando más muertes y heridos y desplazando a más personas; hay incendios forestales cada vez más arrasadores y violentos, y sequías que están mermando la capacidad de los países de garantizar la nutrición adecuada a su población. Estas realidades precisan que los gobiernos afiancen los servicios sanitarios, contraten y capaciten a más personal de sanidad, un sector que ya padece una escasez mundial de mano de obra cualificada. Tampoco aquí resolverá el problema la dependencia de la dinámica de los mercados, ya que la mayoría de las poblaciones afectadas habitan en los países más pobres y son incapaces de permitirse servicios médicos privados. El sector sanitario participa en iniciativas para lograr hospitales verdes que limiten los desechos médicos y para desarrollar nuevas formas de eliminación de los residuos químicos tóxicos y radiactivos, al tiempo que se buscan sustancias químicas más seguras. El personal sanitario puede defender y apoyar estas iniciativas sin dejar de reclamar más seguridad en sus lugares de trabajo y condiciones laborales.

En el sector de la energía, la transformación decidida hacia las energías renovables precisa medidas coordinadas entre los gobiernos locales, regionales y nacionales. El modelo actual de compañías privadas subvencionadas con fondos gubernamentales tiene demasiados fallos: propicia en exceso la especulación; no garantiza el acceso universal a los servicios energéticos y no está lo suficientemente integrado en la dinámica de las comunidades que dependen de dichos servicios. Muchos de los empleos en el sector de las energías renovables son precarios y sus trabajadores y trabajadoras no están organizados. Es preciso seguir avanzando para enfrentar el poder de los grupos de presión de los combustibles fósiles y la energía nuclear, que continúan promoviendo soluciones no sustentables, en especial en los países en desarrollo. Varios sindicatos se han unido a una campaña mundial contra la fracturación hidráulica (fracking) para la extracción de gas natural y petróleo. Necesitamos añadir la práctica de la extracción de gas de las vetas de carbón que, al igual que el fracking, supone enormes perjuicios para el medio ambiente. La ISP está colaborando con Sindicatos por la Democracia Energética (TUED, por sus siglas en inglés), en diversas cuestiones que afectan a este sector.

Nuestra labor en el sector del agua y el saneamiento ha logrado impulsar la remunicipalización y la creciente aceptación de las asociaciones público-público, como alternativa a las neoliberales asociaciones público-privadas (PPP). Los servicios públicos remunicipalizados están demostrando que es más fácil integrar los problemas sociales y medioambientales cuando dichos servicios no están gestionados con ánimo de lucro. Esta labor depende de alianzas sólidas entre sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.

Incluso si somos capaces de limitar a 2 °C el aumento de la temperatura del planeta, ineludiblemente deberemos adaptarnos a la nueva realidad climática, en la que se producirán fenómenos meteorológicos más extremos y frecuentes. La labor de la ISP en materia de emergencias y catástrofes tiene como objetivo concientizar a nuestros sindicatos sobre la necesidad de preparar al personal de los servicios públicos para las cargas adicionales que tendrán que soportar. El personal de los servicios públicos tendrá que enfrentarse a huracanes e inundaciones más agresivos, incendios arrasadores más frecuentes, enfermedades nuevas y más potentes, etc. Los sindicatos que representan al personal de primeros auxilios y de primera línea tendrán que redoblar su labor para garantizar que sus miembros reciben la protección adecuada. Este es un ámbito más en el que la privatización no cumple las expectativas. Es preciso prestar una atención especial a los países en desarrollo, ya que, sin duda, los más pobres sufrirán más que nadie.

Iniciativas actuales de la ISP sobre el cambio climático y conexas.

Muchos sindicatos afiliados a la ISP participan ya de manera destacada en la transformación hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Algunos han desplegado herramientas de asesoramiento para los trabajadores/as y afectados por dicha transición; herramientas que ayudan a los sindicatos en la negociación colectiva y en su labor de cabildeo para defender los derechos e intereses de sus miembros. Hay organizaciones que están llevando a cabo una labor informativa sectorial para influir en las decisiones políticas de sus países. La ISP está recopilando todos estos materiales y publicándolos en su página web, en la sección dedicada al cambio climático, para ponerlos a disposición de todas las afiliadas y promover y difundir sus experiencias y buenas prácticas.

Campañas de la ISP de apoyo a las soluciones climáticas

La ISP tiene en marcha varias campañas que inciden en los cambios necesarios para responder a los retos del cambio climático.

La campaña mundial de la ISP por la justicia fiscal está relacionada con la financiación pública, cuyo papel es clave para solucionar los problemas del cambio climático. No podemos seguir permitiendo que las corporaciones continúen desviando sus beneficios hacia paraísos fiscales y eludiendo el pago de miles de millones en impuestos nacionales. Debemos renovar la presión en defensa de un impuesto a las transacciones financieras, que también podría incorporarse a las agendas en defensa del medio ambiente y la justicia social. Esta estrategia para la financiación debería sustituir las falsas expectativas de que la privatización y las asociaciones público-privadas aportarán los fondos necesarios.

La ISP está movilizándose para garantizar que los fondos de pensiones capitalizados de los trabajadores y trabajadoras del sector público no caen en la trampa de una mayor privatización y financiarización de los servicios públicos. Estos fondos deberían presionar a todas las corporaciones en las que poseen acciones, para que pongan en práctica políticas fiscales responsables. Varios fondos de pensiones ya cuentan con directrices progresistas en materia de inversiones climáticas, que todas las organizaciones afiliadas pueden compartir.

Las campañas de la ISP contra la ronda actual de los llamados acuerdos “de libre comercio” presionan para que los gobiernos retengan las herramientas políticas y normativas necesarias para afrontar los problemas de la sociedad, y en concreto el cambio climático. Estos nuevos acuerdos limitarán peligrosamente las opciones políticas de los gobiernos de afrontar el cambio climático, ya que afianzan firmemente los privilegios corporativos y cautivan el espacio económico y político.

La ISP está cabildeando en el marco de las Naciones Unidas para garantizar que los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ahora llamados Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, propician el acceso universal a los servicios públicos de calidad. Las 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó recientemente los ODS y, a partir de ahora, su labor se centrará en el desarrollo de los indicadores y medición de todas las metas incluidas en los 17 objetivos generales. Sigue habiendo problemas en los aspectos concretos de propuestas como los Pisos de Protección Social, entre otros problemas de sectores específicos.

Lamentablemente, la Cumbre sobre la Financiación del Desarrollo celebrada en julio de 2015 en Adís Abeba no concluyó con recomendaciones políticas progresistas e innovadoras. Por ello la ISP debe continuar luchando contra la iniciativa de que se financien las infraestructuras y servicios públicos a través del sector privado.

Los efectos del calentamiento del planeta provocarán, con toda probabilidad, más conflictos, ya que la gente se verá obligada a migrar para sobrevivir. El acceso y control de los recursos naturales será más conflictivo. Los conflictos bélicos están multiplicando el número de refugiados e intensificando la presión sobre los gobiernos en todos los niveles. La labor actual de la ISP en materia de migración puede adaptarse para abordar esta problemática.

¡Actuemos, ya!

Las negociaciones de la ONU sobre el clima llevan muchos años en marcha. Las pruebas científicas son irrefutables: es urgente adoptar medidas coordinadas a escala mundial para que la humanidad pueda evitar el cataclismo de una crisis medioambiental. Incluso si las negociaciones de la ONU no concluyen con un acuerdo vinculante, los gobiernos deben mover ficha: es lo que la gente de todo el planeta les reclama; los gobiernos deben escucharles y actuar. La ISP y sus afiliadas pueden ser artífices de la solución de los numerosos desafíos que tenemos por delante, no sólo por el calentamiento del planeta, también en la lucha contra las desigualdades sistémicas y la injusticia. Nuestra perspectiva, centrada en el acceso universal a los servicios públicos de calidad, es fundamental para la humanidad y para el planeta.

Para leer y descargar.

1.-Los sectores de la ISP y su política ante el cambio climático (ISP-2015).

2.-Cambio climático y trabajo: la necesidad de una transición justa (OIT-2010).

3.-Cambio climático, sus consecuencias en el empleo y la acción sindical (PNUMA-2008).

4.-La posición del sindicalismo internacional frente al cambio climático (FES-2012).

5.-Hacia un crecimiento del empleo verde y decente (CSI-2012).

6.-Empleos Verdes y Decentes (CSI-Río + 20).

7.-Empleos verdes y mundo sostenible (PNUMA-2008).