El titular de la CTM repasa lo ocurrido en General Pueyrredón, San Isidro y otras localidades. El salario, la preocupación central de los trabajadores públicos.
Hernán Doval es oriundo de Avellaneda, donde todavía reside, politólogo de la UBA, trabajador municipal y militante sindical de toda la vida. Hoy conduce la herramienta nacional, la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM), y es secretario político de la provincial, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo).
Además, este año, tras una asamblea regional en Bogotá, Colombia, fue electo a cargo de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Municipales en las Américas (Contram), con un mandato de cinco años que culmina en 2029.
Este dato, explica, “habla del nivel de representatividad que hemos logrado en el todo el país, porque si no fuera así el resto de los países no te dan ese reconocimiento”. “Hay otra entidad en Argentina, la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (COEMA), es cierto, pero es comparativamente muy menor”, dice a Buenos Aires/12 Doval respecto de la otra confederación, cuyo secretario general es el incombustible Amadeo Genta, de 87 años.
A su vez, señala que “la CTM representa a la totalidad de los trabajadores municipales de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta y Jujuy y el 80 por ciento de los bonaerenses”. “Eso ya da un panorama”, dice casi golpeándose el pecho.
La carrera sindical de Doval está asociada a la Fesimubo y a Rubén “Cholo” García, quien a comienzos de siglo rompió con la histórica federación de los municipales, vinculada al duhaldismo, para acompañar a un casi desconocido Néstor Kirchner.
El nivel de representatividad de cada organización sindical, la tardía implementación de la ley 14656, que acaba de cumplir diez años de sancionada, y la creciente conflictividad para defender el salario de los trabajadores, son los temas recurrentes del repertorio de Doval.
–¿Cuál es tu primera reflexión, a un año de gobierno de Milei?
–Fue un año de enorme conflictividad, donde tuvimos que salir a la calle para defender nuestros salarios. Todo indica que el que comienza va a ser parecido o directamente este fenómeno se va a profundizar. En la ciudad de Córdoba estamos con movilizaciones desde septiembre. En Bariloche hay un proceso de asambleas que vienen creciendo. En la provincia de Buenos Aires, se encaminó la situación de San Isidro, que venía muy mal, y en Mar del Plata finalmente, después de mucha demora, se llegó a un acuerdo, pero ahora hay que volver a discutir. Y en Bahía Blanca estamos discutiendo por un punto, así que espero un pronto acuerdo.
–¿Cuánto de esta conflictividad se debe a la decisión nacional de no girar a las provincias fondos de coparticipación?
–Si las provincias no reciben coparticipación, no tienen cómo girar a los municipios, eso es claro. Pero esta situación no es nueva. Lo que ocurre con las políticas de Milei es que agravan un problema que viene de mucho antes. Los sueldos municipales son, por lo general, muy bajos. Las excepciones son los que tienen sindicatos más luchadores o los que tienen algún ingreso adicional, sea por turismo o, como en Bahía que mencionaba recién, por el puerto.
–¿Cómo juegan en esa conflictividad las órbitas de Nación y Provincia?
–La intervención en esta clase de disputas es básicamente competencia provincial. El ministerio nacional se ocupa de otras cosas. La relación con Correa es buena. De hecho, estamos trabajando juntos en los detalles previos a la convocatoria del consejo de empleo municipal, una cuenta pendiente de la ley 14656, que nunca se hizo efectiva hasta ahora.
–¿En qué punto está?
–Ya tenemos un compromiso escrito del gobernador Axel Kicillof, ya hay intendentes dispuestos a participar. Resta por resolver la cuestión de los consejeros. Por representación, los once corresponden a la Fesimubo, que es la organización mayoritaria. Nosotros proponemos que las otras organizaciones puedan incorporar sus propios representantes en calidad de observadores, pero la ley es clara, el piso es el 10 por ciento y nadie lo alcanza. Fesimubo supera el 80.
–¿Qué agenda van a llevar?
–El objetivo inicial era hacer una primera reunión en diciembre, pero está difícil llegar con los tiempos. Seguramente quede para febrero. Hay mil temas para tratar, pero si los presentamos todos juntos se van a trabar y no va a funcionar bien el concejo. Por eso establecimos tres o cuatro cuestiones que son prioritarias. Una, la cuestión de las cifras no remunerativas que se pagan con el recibo de sueldo. Eso hay que corregirlo, porque es una forma de evasión al IOMA y al IPS. Dos, la necesidad de establecer un piso salarial. Hace diez años era el salario mínimo vital y móvil (SMVM) que era bastante digno, pero hoy ya no.
–¿Para eso era la figura de la paritaria nacional municipal, inspirada en el caso docente?
–Claro. Es cierto que no todos los municipios tienen la misma capacidad económica, pero para eso deben estar las provincias y la nación, para asistir a los que no lleguen a cubrir un salario digno con sus propios recursos, para complementarlos.
–¿Y el tercer punto?
–La precarización. Entendemos que se puede ingresar como monotributista o cooperativista, pero eso es una etapa inicial, tiene que ser algo transitorio, no puede quedar así eternamente. Entre otras cosas, porque afecta a la carrera municipal. Queremos empezar a discutir cómo resolverlo. Hay casos particulares como La Costa, que puede contratar personal adicional para la temporada, pero esa es la excepción y no la norma.
–¿Hay algún caso similar, algún concejo en otra provincia o este es pionero?
–Santa Fe tiene un mecanismo similar, también por una ley provincial, que es un poco anterior a la nuestra, la 14656. Y funciona. Tiene institucionalidad. Las partes lo reconocen, respetan lo que se resuelve. Aún con problemas, es un antecedente positivo.
–¿Los afecta el discurso antiestatal imperante? ¿Discuten el tema entre ustedes?
–Nuestro caso es particular, porque somos los estatales que la gente ve y conoce, más todavía en pueblos chicos, donde todos saben qué hace cada uno. Tal vez al empleado nacional lo ven menos, les resulta más lejano. Yo, por ejemplo, estoy en Cultura, pero al vecino no le importa, porque cuando me cruza me pregunta cuándo le van a podar el árbol o le van a arreglar el bache. No hace tanto, en pandemia, la gente nos aplaudía, porque se iba a atender a la salita, nosotros recogíamos la basura, enterrábamos a los muertos, entregábamos mercadería: cuando no había vacunas, el virus era mortal y no se sabía nada, los municipales, con mucha valentía, nos jugamos la vida. Y nos aplaudían. Nosotros no cambiamos, somos los mismos de entonces.
–¿Qué cambió?
–Hay un discurso dominante que apunta a construir un estado impotente, un estado que no pueda controlar ni hacer nada. Un estado sin recursos, como consecuencia de la baja de impuestos. Pero cuando bajan los impuestos, se los bajan a los ricos, a vos no. A vos te sacaron el subsidio de la factura de Edesur. El estado debe garantizar la convivencia y debe planificar la sociedad, para que sea más justa. Sin estado hay ley de la selva. Y ahí ganan los más grandes, los más ricos.
