Este resumen fue preparado por la Secretaría de la ISP sobre la base del informe
completo encargado por la ISP a Eckhard Voss, de Wilke Maack GmbH, Hamburgo,
y Raquel Rego, de la Universidad de Lisboa, en septiembre de 2019.
La dirección de la investigación a cargo de Daria Cibrario, responsable mundial del sector de gobiernos regionales y locales de la ISP.
En su prólogo la compañera Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios (ISP) manifestó:
“El informe “La digitalización y los servicios públicos: una perspectiva laboral” ofrece una visión general y una orientación normativa a los sindicatos de los servicios públicos para que puedan garantizar que la digitalización cumpla su promesa de incrementar la calidad y la eficacia de los servicios públicos, así como la accesibilidad de los usuarios, y que al mismo tiempo mejore las condiciones de trabajo y cree oportunidades de trabajo decente.
En él se examinan las formas que está adoptando la digitalización en los diferentes sectores de los servicios públicos de todo el mundo; cómo afecta a la prestación, calidad y acceso a ellos, así como al empleo, las condiciones de trabajo y los derechos laborales; lo que están haciendo los sindicatos de la administración pública al respecto; y las consideraciones reglamentarias y en materia de gobernanza que pueden extraerse de este examen.
La investigación se basa en un análisis de todos los sectores principales de la ISP y en una selección de entrevistas a 20 representantes de sindicatos de la administración pública de todos los continentes. Las conclusiones muestran que la repercusión de las tecnologías digitales en los servicios públicos depende en gran medida de la forma en que se reglamentan y se utilizan, y de si los trabajadores y sus sindicatos pueden o no expresar su opinión con respecto a su desarrollo e introducción en el lugar de trabajo.
Fue encargada por la ISP, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES), y realizada por Eckhard Voss, de Wilke Maack GmbH, Hamburgo, y por Raquel Rego, de la Universidad de Lisboa.
Pone de manifiesto que las tecnologías digitales pueden mejorar la calidad de los servicios públicos y el acceso a ellos, fomentar la rendición de cuentas democrática y la
confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, y promover al mismo tiempo
la salud y la seguridad en el trabajo (SST) de los trabajadores. Por otro lado, muestra que esas mismas tecnologías pueden abrir la puerta a la privatización de la administración pública, crear una peligrosa dependencia de las instituciones públicas con respecto a los proveedores privados de tecnología digital y agravar las desigualdades entre los usuarios del servicio público.
El estudio llega a la conclusión de que:
> La introducción de las tecnologías digitales en los servicios públicos suele estar impulsada por intereses empresariales privados;
>La digitalización liderada por las empresas se asocia regularmente a un abuso significativo de la privacidad de los datos y de los usuarios de los servicios públicos, lo que da lugar a un deterioro de la calidad y la eficiencia de los servicios públicos;
>La digitalización impulsada por la reducción de costes tiende a reemplazar y a recortar puestos de trabajo en la administración pública. A menudo utiliza las nuevas tecnologías para vigilar a los trabajadores y controlar el rendimiento, incrementa el horario de trabajo y amplía las tareas laborales;
>Es urgente establecer un marco reglamentario adecuado que aborde la introducción y utilización de las tecnologías digitales en los servicios públicos y en sus lugares de trabajo. Dicha reglamentación debe elaborarse manteniendo un estrecho diálogo con los trabajadores de los servicios públicos y sus sindicatos, a los cuales se debe implicar, informar y consultar adecuadamente, y negociando el texto pertinente en los convenios colectivos.
La digitalización y la inteligencia artificial están cambiando la manera de funcionar de los servicios públicos, tanto para los usuarios como para los trabajadores de la administración pública. La forma en que los gobiernos aborden el proceso de digitalización influirá en esos cambios. Sus acciones tendrán consecuencias negativas si los gobiernos conciben la digitalización como una manera de externalizar funciones y de abdicar aún más de sus responsabilidades y de su poder. Por otra parte, podrían obtenerse resultados positivos si los gobiernos dirigen el proceso de digitalización, definen sus normas, establecen límites y aplican procedimientos de control que contribuyan a mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos y a hacer que los servicios presten más atención a los usuarios y sean más accesibles para ellos”.
Para descargar.
ISP-La digitalización y los servicios públicos: una perspectiva laboral (resumen en español)
