El escándalo de las ordenanzas cajoneadas que tiene bajo investigación a funcionarios de la anterior gestión municipal de Neuquén, y que en la actualidad son legisladores locales y nacionales por Cambiemos, tendrá novedades esta semana. Así lo adelantaron desde el Ministerio Público Fiscal neuquino por la causa que lleva adelante el fiscal Diego Azcárate.
Si bien el equipo del intendente Mariano Gaido detectó unas 60 ordenanzas sin publicar, el caso que está en la Justicia tiene que ver con la denuncia presentada por el secretario general del gremio municipal Sitramune, Santiago Baudino, que apunta al cobro de multas a privados por anexar tierras fiscales y cuyo principal involucrado es el consorcio que administra el barrio cerrado Rincón Club de Campo.
El expediente de la Ordenanza 13.618, impulsada por el ahora diputado Nacional Francisco Sánchez y sancionada en 2016, ya está en poder del fiscal Azcárate. El equipo del funcionario judicial busca ahora reconstruir la ruta que tuvo la norma aprobada hasta llegar al despacho del que nunca más salió hasta el pasado 16 de junio, cuando se promulgó cuatro años después.
Una de las preguntas que surge en los pasillos de la política neuquina también apunta a los propios concejales: ¿no es parte de su práctica velar porque las iniciativas que aprueban se publiquen y se cumplan? ¿Cómo quedó bajo la alfombra un tema con amplia cobertura mediática como la apropiación de tierras por parte del Rincón Club de Campo, el barrio donde viven políticos, empresarios y funcionarios judiciales?
Una vez concluido el camino que tuvo el expediente, el fiscal Azcárate iniciará una ronda de entrevistas con los exfuncionarios y empleados por cuyas manos la norma pasó o debió pasar. El delito que se investiga es “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Baudino denunció a los actuales concejales y por entonces exfuncionarios de la administración de Horacio Quiroga: Marcelo Bermúdez (secretario de Coordinación) y José Luis Artaza (secretario de Hacienda). Ambos se desligaron del accionar investigado. Sin embargo, el gremialista desacreditó las explicaciones señalando, con ironía, que “buscan culpar al cadete”.
El Municipio publicó, con ediciones especiales en el Boletín Oficial, más de 60 ordenanzas aprobadas que nunca fueron puestas en vigencia por la falta de promulgación. Entre ellas, el permiso para que el Instituto Municipal de Previsión Social (IMPS) pueda vender un terreno en Centenario con el fin de apuntalar la deficitaria caja jubilatoria.
Multas por tomar tierras
La semana pasada el abogado de los exconcejales del Frente Neuquino Francisco Baggio y Luis Durán, Emmanuel Guagliardo, dijo que el último movimiento que tuvo la causa, radicada a fines de 2018 en la fiscalía por la falta de interés de los funcionarios municipales en recuperar las tierras alambradas por Rincón Club SA, fue en marzo de este año. En esa fecha el fiscal Marcelo Jara devolvió al Concejo Deliberante parte de la documentación que había sido adjuntada como prueba.
Además recordó que fue Azcárate, actual fiscal de la nueva causa, quien archivó la denuncia “contra Bermúdez y otros funcionarios” por el mismo tema.
