La justicia fiscal es una corriente de pensamiento político, económico y social favorable a la creación de «un sistema de derechos y obligaciones equilibrado, donde la recaudación de recursos sea progresiva, equitativa, y transparente y donde se asegure el financiamiento de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas, logrando altos niveles de equidad socioeconómica en armonía con el medio ambiente».
Varias soluciones básicas son propuestas por la sociedad civil global.
Introducir transparencia: Informe Público País por País, publicación de los elementos básicos de todos los acuerdos fiscales bilaterales entre países y también entre gobiernos y corporaciones multinacionales.
Proteger las fuentes que denuncian la evasión fiscal a gran escala.
Una Comisión Fiscal Intergubernamental auspiciada por las Naciones Unidas.
La reforma del sistema fiscal de las empresas.
Esto supone avanzar en un proceso de redistribución de ingresos y de riquezas capaz de disminuir la desigualdad y que promueva la equidad y la inclusión social, tanto a nivel nacional, subregional, regional e internacional.
Para cumplir con este objetivo, el sistema fiscal debe estar diseñado y articulado de tal manera que establezca una coherencia entre la política recaudatoria y las políticas de gasto público. Sus partidarios defienden que la recaudación debe regirse por un principio de progresividad, para recaudar en función de la capacidad económica real que se tiene (tanto empresas como individuos) y financiar el gasto público.
Un movimiento de la sociedad civil formado por activistas, organizaciones de base (como la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJF)), ONG, sindicatos, etc. trabaja para cambiar el sistema fiscal en diversas regiones del mundo, para lograr políticas fiscales que ayuden a reducir las desigualdades.
La Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ, por su sigla en inglés) es la coalición de organizaciones y activistas de la sociedad civil unidos a favor de una mayor transparencia, control democrático y redistribución de la riqueza en los sistemas fiscales nacionales y globales.
Está formada por cinco redes regionales en África, América Latina, Asia y Australia, América del Norte y Europa, que en conjunto representan a cientos de organizaciones.
La ISP en su conjunto y los sindicatos del sector organismos de control, fiscalización tributaria y justicia, afiliados a la internacional de manera particular, han venido trabajando el tema y participando de actividades nacionales, subregionales, regionales y globales para lograr mayores estándares de justicia fiscal mundial.
Para facilitar el acceso al conocimiento e información sobre el tema nuestra web publica dos trabajos producidos por el esfuerzo conjunto de la ISP y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES).
En lo que respecta al trabajo de la ISP-FES sobre los incentivos fiscales en América Latina, el informe de la ISP dice:
“En las últimas décadas, lo que nació para servir como una política de desarrollo puntual, los beneficios fiscales, se ha convertido casi en la norma en los países latinoamericanos como medio para atraer empresas e inversiones internacionales. Por tratarse de beneficios fiscales sigilosos, la población suele no tener acceso a cuanto los gobiernos dejan de recaudar, quién está siendo beneficiado del pago de tributos y a cambio de qué contrapartida.
Por esa razón es aún más importante la producción de investigaciones que puedan por una parte alertar a la población sobre el mal uso de dinero público y por otra, coaccionar gobiernos y corporaciones que se benefician de acuerdos muchas veces elaborados en favor de intereses corporativos.
En ese escenario, la nueva publicación de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), apoyada por la Fundación Friedrich Ebert (FES), denuncia y evalúa la mala gestión del presupuesto público como resultado de beneficios fiscales en distintos contextos latinoamericanos. Primero, se presenta el tema de estos beneficios en las maquilas de Paraguay. En secuencia se analiza cómo la privatización de los servicios de energía en Colombia ha generado serios perjuicios financieros al país y a la calidad del servicio suministrado a la población”.
También hemos sumado a la publicación dos videos explicativos sobre el tema que facilitará su propaganda entre los trabajadores y trabajadoras del sector municipal.
El primero de los videos apunta a explicar ¿él porque es tan injusticia la tributación en América Latina?, el mismo está esta hablado en portugués y subtitulado en español.
El segundo video, la ISP ha producido un video “Los daños de la privatización de la energía en Colombia”, en asociación con Le Monde Diplomatique Brasil, en lo que profundiza el caso de la privatización del sector eléctrico en Colombia.
Para descargar.
1.-ISP. Incentivos fiscales en América Latina:
2.-ISP. La justicia fiscal en América Latina es posible:
VIDEOS.
