La CTM y la FESIMUBO estuvieron en el Congreso en la previa al visto bueno de los senadores al proyecto del oficialismo. “tenemos una ideología de defensa de nuestros derechos”, dijo Rubén “cholo” García.
La Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM) y la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) marcharon ayer miércoles al Congreso de la Nación para manifestar su rechazo a la Ley de Bases que se debatió en el Senado, y que se aprobó en horas de la noche con el desempate de la vicepresidenta Victoria Virraruel. La columna municipal fue encabezada por los titulares de las dos entidades, Hernán Doval (CTM) y Rubén “Cholo” García (FESIMUBO) quienes remarcaron que los trabajadores municipales “resistirán” al ajuste del gobierno de Javier Milei.
García subrayó que los municipales de la provincia marcharon con el objetivo de que “la ley de Bases no salga y para que el gobierno empiece a pensar en los que menos tienen”, explicó. El dirigente bonaerense subrayó que los trabajadores del sector, “vamos a resistir como resistimos todas las veces con los diferentes gobiernos”, y recordó que también participaron en la movilización contra la reforma previsional del año 2017, “estuvimos acá cuando el gobierno de Mauricio Macri sancionaba la ley de reforma jubilatoria”, ponderó.
En esa línea, destacó que desde FESIMUBO, “tenemos una ideología de defensa de nuestros derechos y de los derechos de los demás”, expresó.
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García calificó la situación actual como “tiempos muy duros”, en los que los municipales, “estamos acostumbrados lamentablemente a la perversidad de algunos intendentes que tienen a los municipales sin estabilidad, sin reconocerles la antigüedad y que nos tienen con salarios por debajo de la indigencia”, criticó.
A su vez, resaltó que FESIMUBO, “es la única (federación) en la provincia de Buenos Aires que defiende los derechos como nuestra confederación que conduce Hernán Doval, que tiene el 100 por ciento de la representatividad y está planteando una paritaria nacional”, sintetizó. Finalmente, García enfatizó en que FESIMUBO, “nació luchando” y que los trabajadores municipales, “se tienen que sentir representados por los dirigentes de base que tiene”, concluyó.
En tanto, los estatales nacionales también criticaron la normativa impulsada por el oficialismo. “Se legaliza el fraude laboral más grande de la historia de nuestro país. Se trata de una reforma laboral absolutamente regresiva que una vez instalada, será muy difícil revertirla. Ni un solo artículo supone un derecho o beneficio para las personas que trabajan”, aseguró Rodolfo Aguiar, titular de ATE. A pesar de los apartados que fueron retirados del proyecto final, como la privatización de Aerolíneas Argentinas y el capítulo previsional, Aguiar sostuvo que “no se aminora el poder de daño que tiene la norma”. “Con ley o sin ley, la extrema derecha no va a cesar en su intento de quitarnos todos nuestros derechos y someternos a los poderosos”, agregó.
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“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 2015 ya estudió 63 países que impulsaron legislaciones similares y en ningún caso crearon empleo, ni mejoraron los indicadores sociales y económicos. Cuando hay crisis de empleo y de salarios como ahora, debe legislarse una mayor protección del trabajo y no debilitarla”, indicó el referente estatal. Entre los principales aspectos que atacan los derechos de los trabajadores, se encuentra la extensión del periodo de prueba, la implementación del fondo de cese laboral en lugar de las indemnizaciones y, en caso del sector público, el desguace del Estado y la posibilidad de poner en disponibilidad incluso a los trabajadores de la planta permanente del Estado.
“Por este camino, en el corto plazo la informalidad laboral superará el 70 por ciento en todo el país. Es que la rotación de trabajadores será altísima, habrá más precariedad y mayor sumisión para lograr estabilidad en un puesto. A esto hay que sumar que ya se degradó el Ministerio de Trabajo a Secretaría, para restar potestades de control estatal y beneficiar a los empresarios”, evaluó el referente de ATE. Según el último dato del INDEC, actualmente la informalidad en la Argentina alcanza al 45,3 por ciento del total de trabajadores.
