El Concejo aprobó la reducción de la jornada laboral
La medida implica un recorte salarial que rondará el 10% para los empleados de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Sólo contó con el apoyo del oficialismo. «La sesión fue ilegal», dijo Negri.
Con polémica, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó este viernes la reducción de la jornada laboral de los empleados municipales, que pasará de siete a seis horas diarias y conllevará un recorte salarial que rondará el 10% para los trabajadores de la capital.
La ordenanza aprobada también prevé que la reducción del 30% de los salarios que inicialmente regía para el intendente, viceintendente y secretarios del gabinete municipal, se extienda a toda la planta política por un plazo de tres meses.
La sesión, que se desarrolló a través de la aplicación Zoom -con la solitaria presencia en el recinto del viceintendente y presidente del cuerpo legislativo, Daniel Passerini- estuvo atravesada por los desacuerdos en cuanto al modo en que debía tratarse el proyecto.
Por un lado, el oficialismo (con Passerini y el jefe del bloque Juan Domingo Viola a la cabeza) argumentó que se trataba de una sesión especial que podía aprobarse por la mayoría simple de los presentes. De esta forma, debido a que Hacemos por Córdoba cuenta con la mitad más uno de los ediles, tenía la facultad de aprobar la ordenanza sin el apoyo de la oposición.
En el otro costado, todos los bloques opositores fijaron la misma postura y sostuvieron que este tipo de sesión debía tratarse sobre tablas, lo que requeriría dos tercios de votos afirmativos para sancionar la iniciativa del intendente Martín Llaryora. En ese caso, el oficialismo precisaría de varios sufragios de los bloques opositores para aprobar el proyecto.
Finalmente, Hacemos por Córdoba hizo pesar su postura y, aún ante la posibilidad de que su decisión se meta en “un brete legal” -como advirtió el jefe de Córdoba Cambia, Juan Negri- aprobó con sus votos un proyecto que también generó mucha resistencia en el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de la ciudad de Córdoba (Suoem).
Antes de la sesión, el gremio había hecho oídos sordos a la prohibición de movilización que rige por la cuarentena y marchó hacia el Concejo Deliberante para pedir una reunión con Passerini, la cual no fue concedida. Tras la negativa, se retiraron y siguieron la sesión a la distancia.
Una vez que comenzó a desarrollarse el debate -que tuvo casi una hora de demora- pasó largo tiempo hasta se trató específicamente el proyecto en sí mismo. De hecho, hubo bloques que ni siquiera fijaron su postura sobre la reducción salarial de los trabajadores municipales.
El caso paradigmático fue el de la primera minoría, encabezada por Negri. En una escena muy particular, el concejal aseguró que no estaba de acuerdo con que la propuesta no haya contado con doble lectura y debate previo en comisión. Acto seguido, les deseó “una excelente sesión” al resto de los parlamentarios y apagó su computadora. También se retiró el resto de los miembros de su bloque.
«Se trató de una sesión ilegal. Sabían que era necesario dos tercios de los votos para ingresar el proyecto en tratamiento. Pedimos encarecidamente que no se apuraran, que el lunes viniera el secretario de Economía, difunda los números, para después tener un espacio de comisión e ir al recinto a votar, pero no quisieron», declaró Negri a Cadena 3.
Más adelante, el concejal Juan Pablo Quinteros también se excusó de participar de la votación, debido a que “deja un precedente grave”. “No puedo avalar este procedimiento. Me parece una actitud absolutamente cobarde”, expresó, y también se retiró de la sesión.
Lo mismo hicieron, más adelante, Alfredo Sapp y Rodrigo de Loredo, jefes de los bloques de la Unión Cívica Radical y Evolución, respectivamente.
Por ende, cuando llegó el momento de la votación, Hacemos por Córdoba votó casi en soledad, con el solitario rechazo de Laura Vilches (FIT) y la abstención de Olga Riutort (Fuerza de la Gente).
De esta forma, el oficialismo consiguió aprobar un proyecto clave para su gestión, que le supondrá un ahorro de alrededor de 200 millones de pesos mensuales para las arcas municipales y posiblemente traerá consecuencias -inclusive jurídicas- por parte de la oposición y el sindicato.
El viceintendente, Daniel Passerini, sostuvo que la ordenanza «se ajusta a derecho». «Siempre esta la amenaza de ir a la Justicia cuando la oposición no está de acuerdo con algo. Estamos en una situación de crisis, sesionado de manera especial porque todos los bloques pidieron que avanzáramos para continuar con la actividad», señaló en diálogo con Cadena 3.
Luego, concluyó: «Elegimos trabajar y dar debate. Y cuando se debate, algunas veces se pierden y otras veces se gana, lo que no se debe hacer es dar por tierra los argumentos del otro cuando uno tiene menos votos. Escuchamos todas las posiciones, planteamos el debate y avanzamos».
