Con la excusa de la pandemia, intendente de Olavarría despide a personal temporario
Mediante un decreto, Ezequiel Galli declaró la “emergencia económica y sanitaria” en el distrito, que permite despedir personal temporario de la Municipalidad. Mediante una carta a la ministra de Trabajo bonaerense, el gremio busca evitar que se concrete y asegura que se viola la ley de trabajo municipal y la Constitución provincial.
La semana pasada, el distrito de Olavarría fue declarado en “emergencia económica, administrativa y financiera”, producto de la crisis generada por la pandemia de coronavirus. La medida la tomó el intendente Ezequiel Galli y permite una serie de reducciones del gasto municipal para ser reorientados a la salud y otras áreas prioritarias. Además, el decreto habilita el fin de las horas extras para el personal de la Comuna e incluso la reducción de la planta política o del personal temporario y contratado. Para la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), este artículo es una excusa para despedir personal, violando la ley actual de la provincia de Buenos Aires.
Mediante una carta enviada a la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, la Fesimubo alertó de las maniobras del intendente Galli contra los contratados de su Comuna.
Para la entidad sindical que preside Rubén “Cholo” García, esta decisión tomada en Olavarría, que incluso puede afectar al personal de planta permanente, es una “franca violación a la ley 14.656, la Constitución de la provincia y la Constitución Nacional”.
En su misiva, el gremio pidió a la funcionaria “su urgente intervención a fin de evitar los tremendos perjuicios que se ocasionaran a los trabajadores municipales de Olavarría, máxime en el estado de emergencia declarada como consecuencia de la pandemia del Covid-19”.
El decreto de Galli habilita la “restricción de horas extras”, que sólo estarán habilitadas para “quienes cumplan funciones esenciales”, y deberán ser habilitados por los secretarios. También, establece que “se podrá reducir la planta política o el personal temporario y/o contratado, sumado a que la Secretaría de Economía y Hacienda solo podrá hacer compras necesarias e imprescindibles mismo caso con alquileres y contrataciones”.
Entre los argumentos usados por el jefe comunal para esta medida, se señala que la inflación interanual a febrero de este año es del 55,57 por ciento, sumado a que “el brote del Covid-19 fue declarado como pandemia”, además de que, producto de ello y las medidas tomadas a nivel nacional, “la contracción en la actividad económica impacta sobre la recaudación de tasas municipales”.
Para Fesimubo, “colocando la culpa en la situación económica en general y en particular en la administración provincial ante las demoras o reducción de las transferencias de los recursos coparticipables, el intendente Galli pretende arbitrariamente por cierto y sin ningún reflejo de solidaridad o comprensión, dejar sin trabajo a muchas y muchos trabajadores municipales”.
“Como lo venimos sosteniendo histórica y públicamente, los intendentes municipales toman de rehenes a las trabajadores y trabajadores municipales colocándolos en las más paupérrimas condiciones laborales y salariales, haciendo de la arbitrariedad el estilo de su administración”, agrega el texto enviado a la ministra, que lleva la firma de García.
“En las horas difíciles que atraviesa nuestro país se requieren decisiones responsables por parte de todos quienes ejercen funciones políticas y de gobierno, donde la solidaridad sea el fundamento central de aquellas”, concluyó la Fesimubo.
La entidad pidió la intervención directa de Ruiz Malec, ya que, de lo contrario, advirtió que se deberán tomar “las medidas, políticas, judiciales y de acción directa a fin de evitar se produzcan daños irreparables a las y los trabajadores y sus familias”.
