El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó al ex Intendente de la capital entrerriana. También sentenció al jefe de la banda, Daniel Celis, a 15 años de prisión, y al ex concejal Pablo Hernández y la ex funcionaria policial Griselda Bordeira a 5 años cada uno. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo lunes 10 de febrero a las 9 hs.
Las juezas Lilia Carnero y Noemí Berros y el juez Roberto López Arango dieron a conocer este lunes al mediodía el adelanto del veredicto en el juicio que llevó adelante la unificación de las causas conocidas como Narcoavioneta y Narcomunicipio, con condenas al ex Jefe comunal de Paraná, Sergio Varisco, al ex concejal, Pablo Hernández, a la funcionaria municipal, Griselda Bordeira, y gran parte de una de las principales bandas de narcotráfico de la provincia.
Con 34 imputados, la investigación comenzó aquel 28 de mayo de 2017 cuando las fuerzas policiales federales encontraron a la banda descargando 317 kilos de marihuana de una avioneta en un campo cercano a Colonia Avellaneda, a pocos kilómetros de la capital entrerriana. El proceso de investigación se profundizó cuando el Juzgado Federal de Paraná estableció el vínculo político de la organización de los Celis con el Presidente Municipal de Cambiemos, agudizada a partir de septiembre de 2017 con el financiamiento con fondos públicos y la contratación de personas que responden a la banda.
293 páginas mediante, el juez federal Leandro Ríos procesó en junio de 2018 a Varisco, Hernández, Bodeira, Celis y los demás implicados, con la prisión preventiva de la mayoría, a excepción del entonces Intendente que pagó 1 millón de pesos para permanecer en libertad. Casi 18 meses después, tras la realización del juicio que arrancó en septiembre de este año, este mediodía se conoció la condena a los principales protagonistas de la causa que investigó los vínculos del poder político en el financiamiento de una de las bandas más importantes de narcotráfico de la provincia.
Las condenas
El fallo estableció la sentencia a seis años y seis meses de prisión para Sergio Varisco y una multa de 200 mil pesos como partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes agravado, aunque por ahora el ex Jefe comunal gozará de la prisión domiciliaria con el uso obligado de una tobillera hasta que se confirme el fallo. Por su parte, Daniel Tavi Celis fue condenado a 13 años de prisión como organizador y financiador del tráfico de estupefacientes, mientras que su hermano Miguel Ángel recibió una pena de ocho años.
Por otro lado, el ex concejal de Cambiemos, Pablo Hernández, fue sentenciado a cinco años de prisión y una multa de 37.500 pesos por ser partícipe secundario en el delito de comercialización de estupefacientes agravado. Misma cantidad de años, multa y delito para la ex funcionaria municipal y policial, Griselda Bordeira.
El detalle de las penas
Wilber Figueroa Lagos fue condenado a seis años y seis meses de prisión y una multa de 25 mil pesos; Cristian Silva a seis años y seis meses y el decomiso del dinero secuestrado en los allanamientos; Juan Manuel Gómez a seis años de prisión y una multa de 37.500 pesos; Gastón De La Fuente a seis años de prisión y una multa de diez mil pesos; Julio Bartorelli a seis años de prisión y una multa de ocho mil pesos; Omar y José Ghibaudo a seis años de prisión y una multa de seis mil pesos; Eduardo Humberto Celis a cinco años de prisión, una multa de 37.500 pesos, el decomiso de 1200 pesos y un auto Chevrolet Cruze; Miguel Leguizamón recibió una sentencia de cuatro años y seis meses y el pago de una multa de ocho mil pesos; Luis Orlando Céparo a cuatro años y seis meses de prisión y una multa de cuatro mil pesos; José Marcial Caballero a cuatro años y seis meses de prisión, una multa de cuatro mil pesos y el decomiso de una Chevrolet S10; Luciana Lemos a cuatro años de prisión, una multa de 30 mil pesos y el decomiso de 118.055 pesos y de un Peugeot 307; Jonathan Jesús Heinze a cuatro años de prisión y una multa de 25 mil pesos; Nahuel Eduardo Celis a cuatro años de prisión y una multa de 25 mil pesos; Jonathan Romero a cuatro años de prisión y una multa de tres mil pesos; Fernanda Ayala a cuatro años de prisión y una multa de tres mil pesos; María Laura Zurita a cuatro años de prisión y una multa de tres mil pesos; Miqueas Córdoba a tres años de prisión condicional y una multa de dos mil pesos; Yamila Corradini a tres años de prisión condicional y una multa de dos mil pesos; Sergio Baldi a un año y seis meses (se determinó su inmediata libertad) y Marco Javier Velázquez a un año y seis meses de cumplimiento condicional.
Por otro lado, el Tribunal dispuso la absolución e inmediata libertad de Miguelina Baldi, Patricio Facundo La Rosa y Alan Nicolás Viola.
Los vínculos del poder político y el narcotráfico
La relación entre Varisco y Celis no es nueva, ni circunscrita a su última gestión en 2015, como tampoco la inclusión del apellido Varisco en política o la de Celis en el negocio del narcotráfico. El ex Jefe comunal tuvo su primera gestión en la intendencia de Paraná en 1999, fue candidato a gobernador en 2003, candidato a intendente en 2011 y nuevamente electo Presidente municipal en 2015. Hijo de un reconocido ex intendente y padre de la actual diputada provincial, Lucía, forma parte de un apellido con tradición radical y desarrollo en la política paranaense. De hecho, en los últimos 20 años no hubo otra figura radical al frente del palacio municipal.
El vínculo con el jefe de una de las bandas más importantes de narcotráfico de la provincia, Daniel Celis, comenzó en la previa a la campaña de 2011, antes que Sergio Varisco perdiera las elecciones con la ex intendenta Justicialista y actual diputada nacional, Blanca Osuna. En aquellas primeras recorridas proselitistas, varios de los nombres condenados este mediodía formaron parte de la estrategia electoral; vínculo confirmado en su primera indagatoria por el ex concejal Pablo Hernández, señalado como uno de los interlocutores principales del acuerdo político Varisco-Celis.
Cuatro años después la historia se repitió aunque esta vez el clan Celis canalizó sus intenciones políticas mediante el Movimiento Vecinal Oeste y los acuerdos fueron más explícitos: financiamiento de la política, facilidades estatales para el desempeño de la red de narcotráfico y el nombramiento en unidades municipales y áreas estratégicas relevantes de la banda criminal.
Los primeros años de gestión del Jefe comunal Sergio Varisco explicitaron el andamiaje entre los Celis y el poder político local. La entrega del Ejecutivo municipal de la Unidad Municipal 2 a la banda ilegal permitió el desarrollo cotidiano de las redes Celis en el territorio, con la utilización de herramientas públicas, maquinarias de servicios públicos, camiones de recolección de residuos, contrataciones municipales y uso de recursos públicos. Los comicios esta vez le dieron el triunfo a la fórmula Varisco- Etienot pese a las denuncias mediáticas del financiamiento del narcotráfico y a la detención, en mayo de ese 2015, del chofer del entonces candidato municipal, en el barrio 33 orientales, con un auto adulterado. En el medio las visitas nacionales, como también en las elecciones de medio término de 2017, de Rogelio Frigerio, Patricia Bullrich y Elisa Carrió. Ésta última con nombramientos debajo del área de seguridad municipal conducido por Bordeira, hoy condenada a cinco años de prisión.
Segundo acuerdo
Pese al arresto y la condena de Daniel Celis como autor material de un robo con armas de fuego en una estancia de Las Cuevas, Departamento Diamante, el 2 de marzo de 2016, y la posterior detención de la avioneta con 317 kilos de marihuana en alrededores de Colonia Avellaneda, la red criminal continuó, se transformó y efectuó un nuevo acuerdo con la administración municipal en septiembre de 2017.
Además de Varisco y Hernández, Luciana Lemos, ex pareja de Celis, fue la nueva encargada, mandada por el jefe narco, de establecer el nuevo acuerdo con el Ejecutivo municipal de Paraná. Como explicó Agencia Paco Urondo, el nuevo pacto estipuló el pago, mediante el direccionamiento de fondos públicos, de 50 mil pesos mensuales, una cierta cantidad de contratos estatales y el pago mensual de parte de los sueldos de trabajadores en la Unidad 2. Incluso, el Juez Ríos demostró que entre el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2018 la banda criminal obtuvo de las arcas públicas la suma de $2.973.316.
Tras las investigaciones preliminares, a la primera causa, denominada narcoavioneta, se incorporó una segunda causa que se conoció como Narcomunicipio, posterior a los allanamientos en casas particulares y oficinas públicas de la Municipalidad y el Honorable Concejo Deliberante, el pasado 2 de mayo de 2017. En aquellos operativos federales se halló 3,493 kilogramos de cocaína, cerca de 120 mil pesos y dos cuadernos con anotaciones sobre la comercialización y distribución de estupefacientes. Luego de un año y seis meses llegó la realización del juicio y el desenlace de una de las causas que comprobó el vínculo estrecho entre el narcotráfico y el poder político. Las condenas a Varisco, Hernández y Bordeira demostraron que por una vez la impunidad no tiene precio y que hay esperanzas en algún sector del Poder Judicial para el desentramado de las redes ilegales financiadas con fondos públicos. Vale decirlo, la política es otra cosa y debe estar lejos de estas asociaciones donde solo ganan los negocios de unos pocos a costa de la vida de muchos otros. La condena de este lunes es buen comienzo.
