Un informe televisivo puso sobre la escena pública la participación de miembros de la FSTMBA en el espionaje de movimientos sociales y trabajadores municipales opositores al gobierno de Mauricio Macri.
En la última semana se conoció, a partir de la investigación realizada por un canal de noticias, la vinculación de dirigentes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Buenos Aires (FSTMBA) con el espionaje de opositores al gobierno de Mauricio Macri.
La revelación de las maniobras de observación y control de las actividades realizadas por trabajadores municipales y miembros de organizaciones sociales fue realizada por el programa “ADN Periodismo Federal”, que se emite por la señal de cable C5N.
El accionar de integrantes de la FSTMBA, cuyo secretario general es Oscar Ruggiero, son parte de una causa judicial a cargo del juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, que investiga el espionaje ilegal llevado a cabo desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo.
“ESPIADORES MUNICIPALES”
Según se mostró en el programa “ADN Periodismo Federal”, el macrismo contrató a través de la AFI a dirigentes gremiales para “vigilar” y enviar reportes sobre el comportamiento de los movimientos sociales.
En la emisión de C5N se precisa que hubo al menos dos miembros de la Federación que conduce Ruggiero. La pieza clave es Miguel Alfonso, acusado de haberse infiltrado en movimientos sociales para realizar espionaje ilegal de sus actividades y movientos.
Miguel Ramón Alfonso es una pìeza clave de la red de espías ilegales orquestada por el macrismo para espiar a dirigentes políticos, periodistas, movimientos sociales y funcionarios opositores. El personaje en cuestión se presentó ante la justicia como «cartonero», aunque con el avance de la investigaión se descubrió que se trata de un ex polícia de la Federal que se desempeñaba desde como un «miembro inorgánico» de la AFI.
Prestaba servicio para la agencia de inteliegencia sin ser parte de la planta estable de sus agentes. «Vendía sus servicios».
En el audio se escucha a Alfonso hablar de “Enrique y Maxi”. Un interlocutor asegura: “Nos quedamos con todo el poder político y económico de las cooperativas”, y en respuesta, Alfonso pide los apellidos de los dirigentes sindicales involucrados en la maniobra de capción del control de movimientos sociales.
El primero es Enrique Alvarado, secretario del Sindicato de Empleados Municipales del partido de Rojas, mientras que el segundo es Maximiliano Magistrello, ex secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Junín, quien fue condenado a ocho años de prisión por “abuso sexual gravemente ultrajante agravado”.
Este último merece un párrafo aparte. Fue condenado por un hecho ocurrido en agosto de 2018, a partir de una investigación que comenzó con un llamado de una menor de 13 años.
La joven denunció que fue a la casa de Magistrello (40), quien realizó un ritual de curación umbanda donde, luego de cubrir su cabeza con una sábana, le hizo respirar una especie de vaho que la adormeció.
“A pesar de este estado, la menor pudo percatarse que el hombre se bajó la ropa y sintió que la tocó. Al despertar percibió que el sujeto se acomodaba la ropa”, consigna el “Semanario”, un medio local.
LA MIRADA PUESTA EN RUGGIERO
Si bien el dirigente no está imputado en la causa, todas las miradas apuntan a su sindicato porque él decidió “jugar” políticamente con el gobierno de Mauricio Macri.
Según la hipótesis que maneja la Justicia, el espionaje estuvo impulsado por el pedido del entonces Presidente e instrumentado por la exministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, vía la AFI, que en ese momento dirigía Gustavo Arribas.
De todos modos, la lupa está puesta en su subdirectora y encargada de las cuestiones “operativas”, Silvia Majdalani, conocida como “la Turca”, por su ascendencia libanesa, y “Señora Ocho”, como se llama en la jerga a la segunda persona en el rango del servicio de inteligencia.
Ruggiero viene en caída libre en materia política con el ocaso del Macri: perdió las elecciones del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tres de Febrero después de 40 años y no podrá entonces presentarse para renovar su cargo como secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Buenos Aires.
Las últimas novedades en la megacausa de espionaje ilegal en el gobierno macrista empeoran aún esa situación de declive, ya que no sólo apoyó a una gestión que mandaba a espiar a todo aquel que consideraba “peligroso” para sus intereses, sino que ahora además se conoce que miembros de su gremio realizaban espionaje sobre miembros de movimientos sociales y trabajadores municipales que participaban de estos o de marchas contra la administración macrista.
