Ahora el gobierno provincial puede judicializar la decisión del intendente nicoleño de retirar a los estatales de IOMA. El sindicato municipal denunció a Passaglia por persecusión.
La maniobra de Passaglia contra IOMA, cuyo anteúltimo round fue ayer el anuncio de un nuevo acuerdo con la empresa privada Avalan para garantizar el derecho a la salud de los trabajadores municipales tuvo en las últimas horas respuesta desde el Ejecutivo provincial. La Asesoría General de Gobierno emitió un dictamen en el que afirma que la medida es ilegal y, por lo tanto, inválida.
Cumplido este paso, la Provincia queda habilitada para judicializar y exigir por la vía legal la restitución del convenio y del derecho de los trabajadores a ser cubiertos por IOMA, lo que ocurriría en las próximas horas. Como viene informando Buenos Aires/12, se trata de un tema de pirámide jurídica: una ley provincial, en este caso la Nro. 6.982, no puede ser derogada por una norma de menor jerarquía, como es una ordenanza municipal.
Luego de analizar el caso, la Asesoría señala en su informe que “conforme surge de la normativa sancionada, la decisión por parte del municipio ha sido adoptada sin más, con argumentos genéricos, sin sustento fáctico y/o sin intervención previa del Instituto de Obra Médica Asistencial y/o de los trabajadores municipales y/o sus representantes. La medida inconsulta pone en evidencia un actuar intempestivo que no solo provoca alteraciones en el sistema solidario de cobertura médica que brinda IOMA sino que impacta consecuentemente en el trabajador y su grupo familiar”.
En otro apartado se argumenta que “la Ley N° 6982, al preceptuar la potestad de las municipalidades de adherir al régimen del IOMA, otorga una prerrogativa a la administración, empero el texto no permite la adhesión parcial ni alude a la viabilidad de que los agentes realizarán elección alguna (y más aún como se dijo ante la vigencia del nuevo estatuto en que predomina la negociación colectiva)”.
También señala en el acta que la medida adoptada “trae consecuencias inmediatas y repercute en la salud de las trabajadoras y los trabajadores requiriendo que se arbitren las medidas para garantizar la continuidad de tratamientos y prestaciones médicas para no causar perjuicio a la salud de los trabajadores que el estado Nacional, Provincial y Municipal deben garantizar”.
En conclusión, la Asesoría General de Gobierno entiende que “resulta inviable la desadhesión parcial como sanciona la citada Ordenanza Municipal que dispone mantener la adhesión al sistema para los empleados que, en forma particular, manifiesten su voluntad expresa de permanecer en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA)” y concluye que “la Ordenanza Municipal Nº10503/23 en los términos que ha sido dictada no resulta ajustada a la normativa vigente (conf. art. 21 de la Ley N°6982 y Decreto Reglamentario N° 593/22)”.
Denuncia
El dictamen de la Asesoría General no es la única mala noticia para Passaglia. El abogado de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), Ricardo Bradley, denunció formalmente al municipio de San Nicolás ante el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, “por prácticas persecutorias, discriminatorias y antisindicales, al disponer arbitrariamente el traslado del compañero Ricardo Cecchi, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Municipales a 40 kilómetros de su domicilio”, hecho que también fue relatado por este medio.
El traslado fue, según Cecchi, una forma de represalia por su activa militancia en defensa del derecho a la salud de los trabajadores. Cecchi anticipó, la semana pasada, que al ser consultados al respecto por una “consultora externa”, contratada por el municipio a tal fin, cuyo nombre nunca trascendió, los trabajadores se negaron rotundamente a abandonar IOMA.
Uno de los motivos principales de esta negativa son los 140 millones de pesos en prestaciones que IOMA invirtió en el distrito, por encima de las cuotas recaudadas, un quebranto que ningún privado está en condiciones de asumir. De ese monto, el mayor porcentaje se debe a los pacientes crónicos, cardíacos, oncológicos, diabéticos y con otras patologías, cuya vida depende de la continuidad de los tratamientos.
De avanzar la jugada, ya que la ley nacional no obliga a los servicios de salud a aceptar pacientes con preexistencias, IOMA se encontrará ante la disyuntiva de dejarlos morir o cubir a los como socios individuales, resintiendo severamente su equilibrio financiero y actuarial.
“Más allá de la solidaridad expresada por el ministro de Salud provincial y el presidente de IOMA, resulta imperioso que el ministerio de Trabajo intervenga, en su carácter de autoridad de aplicación de las leyes 10149 y 14656, haciendo cesar en forma inmediata esa arbitrariedad, cuya única finalidad es callar la única voz que se levanta en defensa de los trabajadores”, reza la nota dirigida al ministro Walter Correa. En el mismo texto, el sindicato se declara en estado de alerta y movilización hasta que se resuelva la situación y responsabiliza a Passaglia por cualquier intimidación o acto de violencia.
El consejo consultivo regional de IOMA estaba reunido en San Nicolás al cierre de esta edición, evaluando los próximos pasos. Hasta acá, y más allá de las declaraciones altisonantes en Twiter, se logró acotar el conflicto estrictamente a San Nicolás. Los demás intendentes del Pro ratificaron formalmente la adhesión al convenio y el intendente de Tigre, Julio Zamora, vetó la ordenanza similar recientemente aprobada en su concejo deliberante, aprovechando la ausencia circunstancial de un par de ediles oficialistas. “Una cosa es hacerse el guapo en Twiter porque estás en campaña y otra muy distinta jugar con la salud de la gente. Una cosa tiene consecuencias políticas, pero esto último tiene consecuencias legales”, afirmaron fuentes del instituto.
